2/9/2011 - 06:20h - laMalla.cat

La reforma i el pacte constitucional

Adéu al vell consens

Genuflexos davant de la imposició dels mercats, PSOE i PP han determinat una estratègia perillosa en tot el procés de reforma exprés de la Constitució. És com si el text de modificació de l'article 135 l'hagués redactat Angela Merkel i només s'hagués acceptat, in extremis, una esmena de Rubalcaba per evitar el que és inevitable, el seu martiri electoral el pròxim 20 de novembre. Ni una lletra, ni una coma més, ni dels nacionalistes, ni de l'esquerra. Ahir van ser tombades les esmenes de PNB i ERC per la via ràpida, sense acceptar-les a tràmit. CiU encara reflexiona sobre la forma en què ha de materialitzar la seua oposició a la ruptura del pacte constitucional per part dels dos partits majoritaris espanyols. La intervenció d'Artur Mas ahir va ser prou clara i contundent per significar la importància que té per a Catalunya la pèrdua d'autonomia financera. No es pot pactar unilateralment sense escoltar almenys els que resulten afectats per allò que es modifica. La reforma constitucional és de tal magnitud que sí que pot afectar els drets dels ciutadans, que poden quedar inermes davant de la falta de recursos de l'Estat per garantir el benestar social. Només aquest temor exigeix que es recorri a un referèndum perquè siguin els dipositaris de la sobirania els que decideixin si realment volen posar-se a les mans dels mercats i lligar les mans de l'Estat per impedir el dèficit. Malgrat que les possibilitats d'èxit semblen mínimes, els nacionalistes no haurien de descartar un recurs davant del Constitucional perquè s'eviti la ruptura del consens constitucional.

JUAN CAL SÁNCHEZ. Director Executiu del Grup Segre
Llegit a Segre (02/09/2011)

31/8/2010 - 08:57h - laMalla.cat

Manifest federalista de la consellera Montserrat Tura

Indignación democrática

La mayoría de catalanes hemos pensado alguna vez que nuestra nación tiene muchas dificultades para formar parte de un Estado cuya Constitución ayudamos a redactar. Una Constitución que explicita realidades políticas diferentes cuando menciona la existencia de “nacionalidades y regiones”.

En un mundo internacionalizado aquello que es propio, próximo y único es lo que nos identifica y nos arraiga. Respecto a Cataluña: las instituciones históricas, la lengua y la cultura, la tradición jurídica. Quien lo ponga en duda estará ignorando la historia y esta es tozuda y reaparece con más fuerza cuando es negada.

Como miembro del Gobierno de Cataluña asistí a la manifestación del 10 de julio. Desde 1977 nunca se había reunido tanta gente en una manifestación.

De aquella protesta yo quiero recordar a una familia completa de la que estaban presentes cuatro generaciones: desde la abuela en silla de ruedas hasta la bisnieta que llevaba la senyera como capa. Todos mostraban una indignación democrática por la decisión de un tribunal deslegitimado que cuestiona aspectos sensibles del Estatut pero, sobre todo, por las actitudes contrarias a la legítima aspiración de Cataluña de incrementar su nivel de autogobierno.

Desde entonces, he leído y releído los estudios de opinión y la conclusión es que el 10 de julio había un pueblo diverso. Es cierto que el clamor por la independencia fue protagonista, pero también es cierto que la ausencia de otras consignas dejó sin voz a la gran mayoría del pueblo.

En cifras, alrededor del 60% cree que el autogobierno es un sistema que aún puede desarrollarse más en Cataluña. Pero ha crecido el número de ciudadanos que opina que es necesario volver a un Estado centralista, del 6% al 15%, y ha aumentado el de aquellos que se decantan porque Cataluña sea un Estado independiente, del 15% al 25%.

“Es una hora grave”, decía el presidente Montilla el 16 de julio, porque el largo proceso del Estatut ha mostrado una dura ofensiva del nacionalismo español, que se expresó claramente durante la etapa de José María Aznar en La Moncloa (gracias al pacto del Majestic con CiU) y que no ha parado de avanzar.

Mientras, el pensamiento independentista arraiga y se radicaliza, sin concretar a través de qué vía se podría llegar a la independencia.

Hay que hablar claro, el independentismo cada vez más fraccionado no concreta nunca su propuesta y corre el riesgo de generar odio hacia España, igual que el centralismo reaccionario lo genera hacia Cataluña.

Rechazo el centralismo reaccionario, el autonomismo uniformador, el independentismo que no explica cómo se llega a la independencia y la ambigüedad del nacionalismo que se mueve desde hace años con la etiqueta del “soberanismo” que no quiere decir nada, que solo busca votos. En los 23 años que gobernó CiU no propuso nunca aumentar el nivel de autogobierno reformando el Estatut.

Queda el trabajo duro, nada fácil, de fortalecernos en el espíritu del pacto institucional y reclamar y proclamar que aquel Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüístico solo puede existir si las fuerzas del progreso abrazan con más fuerza que nunca el objetivo del federalismo. El primer paso tiene que ser el compromiso del Gobierno central de hacer posible la meta que marcaba el Estatut de 2006 y no dar por cerrado ningún proceso de descentralización.

El segundo paso es la aceptación explícita de naciones en el seno del Estado.

Y el siguiente es el establecimiento de mecanismos de conexión real entre estas realidades nacionales y las instituciones dependientes del Gobierno central.

Por definición, los Estados realmente federales son asimétricos, ya que las instituciones de cada realidad política evolucionan a ritmos diferentes (naciones en España, Estados en el caso de Estados Unidos, landers en el caso de Alemania), tan asimétricos que en Estados Unidos por el mismo delito algunos Estados aplican la pena de muerte y otros no.

En este momento el PSC tiene que alzar la voz clara y unánime en favor del federalismo, garantizando la unidad civil de nuestro pueblo, que es lo que nos ha hecho realmente fuertes. Pero es también la hora grave y exigente de los progresistas de todas las tierras de España, especialmente del PSOE, recuperando la vinculación inseparable del pensamiento progresista con el reconocimiento de las realidades nacionales. Y lo es mucho para CiU porque no puede seguir en el reino de las ambigüedades apoyando el Estatut y renegando de él a la vez, coqueteando con el independentismo sin querer llegar a la independencia, sin rechazar a quienes crearon la actual crisis institucional por haber llevado el Estatut al Tribunal Constitucional, es decir, sin atacar nunca al PP sencillamente porque cree que así ganará las elecciones.

Es una hora grave, pero también es la hora de otro tipo de política, de perder el miedo a las palabras, de hablar claro, de hacer lo que se dice, de un nuevo esfuerzo estimulante, porque el pesimismo y la negación no ayudan a avanzar. Y Cataluña necesita, urgentemente, avanzar.

MONTSERRAT TURA, Consellera de Justícia del Govern de la Generalitat
Llegit a El País (30/08/2010)

17/8/2010 - 10:18h - laMalla.cat

Article del conseller Joaquim Nadal a 'El País'

Dinamitar 32 años

Después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, España y Cataluña están peor.

Se ha desplazado el eje del debate político de forma incuestionable; ha crecido la desconfianza de muchos sectores de la sociedad catalana hacia España; ha saltado por los aires el espíritu del pacto constitucional; se han radicalizado las posiciones anticatalanas en sectores de la sociedad y de la política españolas; el pacto estatutario ha dejado de ser una referencia para muchos en Cataluña.

La gran manifestación del 10 de julio apunta a un hartazgo generalizado de la política de desgaste a la que se ha sometido la sociedad y la gobernación de Cataluña y encamina sectores hacia la secesión.

El gran culpable de esta situación es el Partido Popular, aunque no debemos olvidar los demás recursos contra el Estatuto que siguen vivos y aparcados. Sin ese recurso ahora no habría sentencia y sin sentencia España y Cataluña estarían mejor, respirarían mejor.

Con naturalidad, sin ninguna ruptura irreparable como han puesto de manifiesto los cuatro larguísimos años de agonía constitucional a la que ya casi nadie daba crédito después que, de forma sucesiva, el Tribunal Constitucional viese mermados sus efectivos por recusación, fallecimiento o mandatos vencidos.

Amparados en la Constitución, que no votaron, los sectores más conservadores de la sociedad española han hecho añicos un pacto que les molestaba. Han roto el pacto de 1978 que no pudieron romper entonces, orquestando ahora un ataque en toda la regla. Aún a riesgo de cargarse 32 años de vida constitucional fructífera y la voluntad explícita del Parlamento y del pueblo de Cataluña, en un atentado de lesa patria.

En el siglo pasado uno de los problemas de la política española fue el llamado "problema catalán". Los esfuerzos de la Transición se orientaron a resolver este y otros muchos problemas derivados de las heridas abiertas por la Guerra Civil y la Dictadura. Así se halló un pacto político que definía un horizonte de geometría variable y de descentralización creciente en un proceso sin precedentes en la historia de España.

Los resultados son más que evidentes y sería paradójico que la bondad del pacto estallara definitivamente por los aires víctima de su propio éxito. Las aspiraciones de más autogobierno por parte de Cataluña han sido observadas con mucho recelo y desprestigiadas, a menudo, como un afán de privilegios y desigualdades donde solo había la voluntad radical de expresar con claridad meridiana la propia identidad. Una identidad nacional que nadie sabría negaren el terreno intelectual y académico, y que al parecer causa pavor en el contexto de una interpretación constitucional restrictiva.

En el momento del pacto de 1978, la sociedad española y los sectores más directamente implicados en las luchas democráticas respetaban profundamente a Cataluña. Quizás temían y respetaban. Rechazo la idea del temor. Me aferro al profundo respeto que las fuerzas democráticas y progresistas, que las izquierdas, que la intelectualidad, expresaba en aquellos años hacia la sociedad catalana. Con ánimo constructivo se selló un gran acuerdo que culminaba todas las audacias compartidas por Cataluña y España en el proceso de la Transición.

Transcurridos 32 años, con dos Estatutos vigentes sucesivamente (1979 y 2006), la situación ha cambiado radicalmente. Ya no se nos teme ni se nos respeta. No solo no se nos respeta sino que con cierta sistemática se nos falta al respeto. Se niegan los hechos básicos de la identidad catalana, se combate la idea de una España plural y se intenta desmentir el carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüístico de la sociedad española. Es más, las resistencias, los obstáculos, las cortapisas a los procesos acordados en el pacto estatutario de 2006 evidencian un abismo entre la voluntad política expresada por las Cortes Generales y los Gobiernos y la predisposición real de las burocracias estatales.

El Estatuto mutilado por el Tribunal Constitucional ha sido erosionado en su aplicación práctica. Tanto que cuando se han alcanzado resultados tangibles, el beneficio del éxito estaba ya totalmente amortizado por la carga del desgaste acumulado. La aplicación a contrapelo del Estatuto puede haber tenido en muchas ocasiones efectos igualmente letales para su vigencia y reconocimiento.

Y, sin embargo, los resultados están ahí, pueden llegar más y nadie podría discutir que nunca antes en la historia de Cataluña se había dispuesto de cotas equivalentes de autogobierno.

Para algunos explorar esta vía es perder el tiempo. Muchos han decidido que el Estatuto estaba muerto. Sectores de la sociedad catalana se orientan hacia el independentismo. Y CiU apunta a una orientación soberanista con sordina, liquida el Estatuto como vía operativa y se apunta a dos abstracciones directas: el derecho a decidir y el concierto económico. Abstracciones porque siendo muy concretas, su aplicación práctica deviene una mera abstracción si no se perfila una ruta precisa hacia objetivos concretos.

En este contexto, el PSC busca en solitario recomponer los pactos constitucional y estatutario. Lo hace desde la afirmación clara de no ser un partido independentista. No solo eso, sino que percibimos en la lógica del independentismo alguno de los riesgos que caracterizaron en el pasado nuestra peripecia colectiva y la marcaron con el signo del fracaso.

Es legítimo que algunos piensen que ha llegado la hora de la verdad y que en la Europa del siglo XXI caben nuevas fórmulas más allá de un federalismo que algunos practican, muchos predican y probablemente pocos quieren. El PSC insiste en abrirse camino desde la centralidad política en esta vía federalizante que refuerza el pacto constitucional y estatutario.

¿Existe todavía en la izquierda española voluntad federal? ¿Estamos perdiendo el tiempo los que creemos que todavía hoy la vía abierta y flexible ensayada en 1978 y pendiente de actualizar es el camino más efectivo y práctico para orientar el futuro? ¿Con qué convicción defenderán el Estatuto los que lo votaron y lo hicieron posible? ¿Son posibles posiciones equivalentes en el Parlamento catalán y en las Cortes generales?

Las dudas e interrogantes que se plantea la sociedad catalana de cara a los próximos comicios son de una entidad sobresaliente. Hoy y desde el debate monográfico sobre la sentencia, que se produjo en julio en el Parlamento de Cataluña, las posiciones de los partidos se han hecho evidentes. Todos han creído erigirse en intérpretes de nuevas voluntades mayoritarias expresadas en la calle. La mayoría han expuesto los fines que persiguen aunque muy pocos se atreven a definir los medios con que plantean alcanzarlos.

Casi nadie piensa en las tensiones a las que se somete desde todos los frentes al conjunto de la sociedad catalana. Casi nadie en España se plantea los riesgos que se asumen y la carga de profundidad para la convivencia de los pueblos de España que ha supuesto la sentencia.

Los que aún creemos que existe un itinerario compartido buscamos razones para convencernos que no nos hemos equivocado, necesitamos certezas tangibles que acerquen el imaginario colectivo catalán a un plausible horizonte federal. Porqué Cataluña está cansada de pedir y esperar "generosidad federal" y ha dejado claro ya que los términos del pacto son políticos y no admiten conceptos subjetivos como la generosidad y sí solo los términos de la "lealtad" al pacto.

Los tiempos sociales y los tiempos políticos pueden haber perdido el compás como apuntaba recientemente Manuel Castells. De consumarse el divorcio, el conflicto está servido. De ahí que muchos estén ya construyendo sus discursos al margen de España, dibujando un horizonte utópico que, aunque a menudo vacío de argumentos, suscita entusiasmos.

De vez en cuando contemplo, con cierta ternura, la magnífica fotografía que Adolfo Suárez Illana hizo de su padre y del Rey. Ambos compartieron un gesto de coraje político sin precedentes. Ambos consumaron en la Transición un primer reconocimiento preconstitucional de la singularidad institucional y política de Cataluña, y restablecieron la Generalitat con el retorno del president en el exilio, Josep Tarradellas. ¿Existe hoy coraje político para mantener el tono y el sentido de aquella decisión histórica y sin precedentes?

Estamos ante una nueva encrucijada, en un momento sensible y delicado de nuestra vida política. Es en estas circunstancias cuando se calibran los liderazgos auténticos que vencen la adversidad y construyen futuro.

Para los que dudan conviene recordar que el propio president José Montilla ha dejado meridianamente claro que en su elección antepone Cataluña a cualquier otra adscripción.

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JOAQUIM NADAL. Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat
Llegit a El País (17-08-2010)

18/7/2010 - 11:07h - laMalla.cat

Article del president Montilla a 'El País'

Catalunya y España en la encrucijada

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso del Partido Popular contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña nos sitúa en un punto crítico para la política española y la política catalana, que exige una respuesta responsable y valiente. Ha provocado, como es bien patente, una profunda indignación y ha suscitado el enérgico rechazo de una gran mayoría de la ciudadanía catalana, que la considera una falta de respeto por el resultado del proceso democrático e impecablemente constitucional de tramitación del Estatuto. Y además ve en dicha decisión una desconsideración por el pacto político sobre el autogobierno alcanzado por las instituciones democráticas y ratificado en referéndum popular. Indignación y rechazo mayores, si cabe, provocan algunas interpretaciones del tribunal que resultan ofensivas para el sentimiento de identidad nacional, cultural y lingüística de Catalunya.

La sentencia llega tras un cúmulo de circunstancias que han alimentado sospechas sobre la parcialidad del tribunal erosionando la confianza ciudadana en la institución y su legitimidad moral. Con este estado de ánimo, cientos de miles de ciudadanos se manifestaron en Barcelona, expresando un hondo malestar y algunos, un desapego creciente hacia una forma de entender España, que parece incapaz de dar cabida a una nación con un fuerte sentimiento identitario y a una aspiración de mayor autogobierno.

La situación abre una serie de interrogantes sobre los caminos a seguir. Unos ya han dicho -algunos más abiertamente y otros de manera menos clara- que el proyecto de continuar en una España común ya no les interesa. Otros, los que creemos en la España plural, nos preocupamos de cómo aplicar el Estatuto a partir de ahora y cómo recuperar el cumplimiento de lo pactado.

Asimismo, se pone de manifiesto una confrontación de legitimidades entre las instituciones legislativas y el TC. A nuestro juicio el tribunal se ha extralimitado intentando imponer una visión del Estado autonómico, una función que no le corresponde y que le es impropia. Deberemos abordar este grave problema estructural de nuestra democracia, impulsando las reformas que sean oportunas, empezando por la del propio TC.

Pero volviendo al problema de la aplicación del Estatuto, creo que podemos afirmar que no se ha conseguido el objetivo de invalidarlo, tal y como pretendían quienes lo impugnaron. A pesar de la sentencia, sigue siendo un instrumento útil de nuestro autogobierno y vamos a aprovechar todo su potencial al servicio del progreso, el bienestar y la cohesión de la ciudadanía catalana.

Pero, ¿qué haremos con aquellos apartados del Estatut enmendados por el TC? Nuestra respuesta buscará conjugar el respeto de la voluntad popular, la defensa del autogobierno, el cumplimiento del pacto político y el respeto al Estado de derecho. Desde la Generalitat iniciaremos un proceso de diálogo con los principales responsables de las instituciones y fuerzas políticas del Estado. Un diálogo orientado al cumplimiento del pacto estatutario y el reforzamiento del pacto constitucional. Conscientes de que es posible explorar soluciones legislativas a algunas de las afectaciones del Estatuto, y también de que algunas de las garantías del autogobierno han sido disminuidas por la interpretación del TC y no renunciamos a recuperarlas.

Pero más allá de la voluntad de recuperar el Estatuto, tenemos ante nosotros la cuestión de fondo, el problema secular de la relación entre Catalunya y el resto de España, que atraviesa nuestra historia contemporánea y que, a mi juicio, se trata más de un problema español que de un problema catalán.

Con esta sentencia, lamentablemente se ha perdido una oportunidad para hacer una contribución positiva a su resolución. Peor aún, hemos retrocedido con respecto al espíritu que hizo posible la Constitución de 1978. Estoy convencido de que este problema solo puede resolverse desde el reconocimiento de nuestra realidad plurinacional. Un reconocimiento que requiere coraje político y altura de miras para seguir avanzando en una cultura democrática que permita buscar soluciones más justas para la convivencia de los distintos pueblos de España. Esta sentencia muestra una evolución decepcionante de nuestro intérprete constitucional en términos de calidad democrática. La Constitución expresa un consenso que exige el compromiso permanente en la regulación de la convivencia y el Estatut era el instrumento para encontrarnos de nuevo, desarrollando el pacto constitucional.

No nos queda otro camino que recuperar nuevamente el espíritu constitucional primigenio para restablecer el reconocimiento y respeto a las distintas identidades, culturas y lenguas de España, en el marco de un Estado que acepte, ampare, anime y defienda sus singularidades y su pluralidad. Ello requiere la complicidad y el apoyo de quienes defendemos una visión de España como un proyecto ampliamente compartido. Reivindicando la propuesta federal como la vía más apropiada para desarrollar nuestro futuro común con generosidad y voluntad de acuerdo. Si España quiere dar solución a su problema secular debe estar dispuesta a cambiar. Tenemos la oportunidad y el reto de construir un futuro compartido. Catalunya y España entera se hallan en una encrucijada.

JOSÉ MONTILLA. President de la Generalitat i primer secretari del PSC
Llegit a El País (17/07/2010)