28/3/2011 - 07:45h - laMalla.cat

Article de Jordi Hereu a 'El País'

Me rebelo

Un riesgo amenaza con desvirtuar las elecciones municipales del próximo 22 de mayo: su secuestro por una desmesurada pasión partidista ajena a los problemas y a las propuestas que afectan tanto a la vida cotidiana como a las perspectivas de futuro de los habitantes de todos y cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Si desaparece la idea de la política como servicio a la ciudadanía, el interés general queda relegado ante la pulsión devastadora del poder por el poder. Así, para unos se trata de convertir estas elecciones en el preludio de la ansiada victoria en las elecciones generales de 2012, y para conseguirla están dispuestos a todo sin importarles lo más mínimo lo que esté en juego en unas elecciones para ellos secundarias e instrumentales. Para otros, en el caso de Catalunya, se trata de prorrogar una victoria electoral reciente con la intención de recuperar una hegemonía añorada. Y en el mundo socialista las dudas y zozobras internas parece que, por momentos, turben el ánimo, desfiguren la percepción de la realidad y desvíen del objetivo principal de ofrecer a los ciudadanos un proyecto político estimulante. Todo ello expresado con un estilo alejado de la deseable discusión cívica, razonada y razonable y que sustituye los argumentos positivos por contundentes y zafias negaciones. Con este estilo de hacer política los acuerdos para afrontar responsablemente los graves problemas que nos afectan se convierten en imposibles y así se alimenta el sentimiento de desamparo y de lejanía de los ciudadanos hacia una política ensimismada e indiferente ante la realidad.

Contra este secuestro de la política real me rebelo y afirmo rotundamente que estas elecciones municipales no son, ¡no pueden ser!, unas elecciones subsidiarias de otros intereses. Por ello quiero hacer de las mismas, desde mi condición de alcalde de Barcelona y candidato socialista a la reelección, una demostración de otra manera de entender y hacer la política. Una política más cívica y menos partidista. Una política reformadora que combina el sentido práctico y la perspectiva de largo alcance, el rigor y la eficiencia con la ambición de los grandes proyectos, la proximidad de lo local con la proyección y la influencia en todos los ámbitos en los que se toman decisiones relevantes sobre nuestros ciudadanos. Una política que para ser eficaz requiere de amplios acuerdos sobre las orientaciones de fondo y de la colaboración inteligente entre el sector público y el sector privado.

Con este espíritu, característico de la fecunda gobernación de Barcelona iniciada por Narcís Serra, impulsada por la pasión de Pasqual Maragall y consolidada por el rigor de Joan Clos, he trabajado durante mi mandato y presento mis propuestas de futuro. Con la convicción añadida de saber, por experiencia, que lo que es bueno para Barcelona es bueno para Catalunya y para España. Por ello, Barcelona ofrece todo su potencial de creatividad y de futuro y, a cambio, pide que no se vea coartado por actitudes, decisiones u omisiones de otras Administraciones.

Barcelona se ofrece como motor económico para salir de la crisis. No se trata de una actitud petulante ni ilusa porque se basa en hechos tangibles y reconocidos. Barcelona ha aguantado de pie los embates de la crisis, manteniéndose, aun en los peores momentos, por encima de un millón de puestos de trabajo y mostrando una rápida capacidad de recuperación como demuestra el cambio de tendencia observado en el ritmo de creación de empresas, con una tasa de actividad emprendedora por encima de la media europea. Resistencia y reacción vinculadas a factores determinantes como el de contar con una economía diversificada y exportadora que representa una quinta parte del total de las exportaciones españolas, con una marca atractiva muy bien situada a nivel europeo y global, reflejada permanentemente en los rankings de diversa índole que se publican, o con proyectos consolidados en los sectores más creativos de la nueva economía, del que el nuevo distrito tecnológico del 22@ constituye una prueba fehaciente. A todo ello hay que agregar una Administración municipal solvente y rigurosa que, gracias a unas finanzas saneadas, ha podido mantener un fuerte ritmo inversor, lejos de los apuros de otras ciudades como Madrid. Pero para sacar el rendimiento óptimo de todos estos activos es preciso que se adopten decisiones por parte de los Gobiernos de España y de Catalunya que afectan básicamente a infraestructuras estratégicas como el Aeropuerto de El Prat, imprescindible para convertirnos plenamente en una ciudad global, o el Puerto de Barcelona, que ha de consolidarse como una de las puertas de entrada del comercio asiático con Europa, o el corredor ferroviario mediterráneo, pieza fundamental para la articulación de la España más exportadora con Europa. Como asimismo resulta imprescindible que la capacidad de autogobierno de Catalunya no se vea erosionada, cumpliéndose rigurosamente los compromisos de financiación acordados, y muy especialmente el que concierne al fondo de competitividad que con toda la razón reclama el Gobierno de la Generalitat con el apoyo firme del socialismo catalán.

Esta Barcelona motor de futuro no ha salido de la nada, no es el resultado de una evolución natural. Al contrario, es la consecuencia de una acción política sostenida desde 1979 por una amplia coalición progresista que ha construido un determinado modelo de ciudad que combina la capacidad para crear y estimular un entorno de creatividad preparado para competir globalmente con la atención a la convivencia y la seguridad en un espacio público ordenado y sostenible. Es la Barcelona capital de Catalunya, su punta de lanza, su force de frappe. Es la Barcelona capital de la España plural, de la España en red. Es la Barcelona capital euromediterránea. Es la Barcelona que está decidida a competir hasta convertirse en una capital global. Impulsar y defender esta Barcelona es mi máxima ambición política. Por ello me rebelé en su momento contra el intento de dictar desde otros intereses lo que era mejor para la ciudad. Por idéntica razón me rebelo contra los que pretenden convertir estas elecciones municipales en un mero instrumento de otras ambiciones. Y por ello combatiré democráticamente con todas mis fuerzas en las próximas elecciones todo proyecto que se proponga disminuir la identidad y la proyección futura de Barcelona, convencido de que si así lo hago prestaré un servicio a la ciudad, a Catalunya y a España.

JORDI HEREU, alcalde de Barcelona
Llegit a El País (28/03/2011)

28/12/2010 - 06:18h - laMalla.cat

Després de la 'llei Sinde'

La 'ley Sinde' como síntoma

La derrota de la llamada ley Sinde ejemplifica la carencia de rumbo del Gobierno: la Ley de Economía Sostenible debía ser el buque insignia de la legislatura. Sin embargo, todo el protagonismo ha sido para una disposición adicional que pretende regular la propiedad intelectual en Internet y que ha encallado en el Parlamento. El Gobierno se está quedando sin una política propia que defender y, a medida que su imagen se va deteriorando, las alianzas parlamentarias son más difíciles y más caras.

El grupo socialista ha querido salvar con una ofensiva negociadora de última hora lo que ya había perdido por su indolencia. Y se ha asustado cuando ha visto que los costes del mercadeo hubieran sido tan altos que les efectos habrían sido peores que la derrota parlamentaria. Pero este fracaso es ilustrativo de los límites de una manera de hacer política, cautiva de las élites político-económicas, que aleja a los gobernantes de la realidad. El Gobierno se vio impelido a redactar esta norma por las presiones de siempre: de la industria cultural, del grupo de artistas abajo firmantes que son amigos de la paz y de Zapatero, pero sobre todo de ellos mismos, de las agresivas prácticas (según generoso eufemismo del embajador de Estados Unidos) de la SGAE y, como han revelado Wikileaks y González Sinde, del propio Gobierno americano y de algunos vecinos europeos. Y se ha encontrado con el lío en Internet y con los demás partidos pensando que, por lo que les queda a los socialistas gobernando, mejor no correr el riesgo de la impopularidad.

Internet, en particular, y las tecnologías de la información, en general, suponen un gran cambio en el modelo económico y su regulación no se puede despachar con prisas y a golpe de presiones sino que requiere un debate social serio. El Gobierno no ha sido capaz de abrir la reflexión necesaria, porque está desbordado por la situación económica y porque en la democracia española los partidos siempre han rehuido los debates públicos, salvo que hayan sido impuestos por la ciudadanía. Internet es la expresión de una nueva mutación del capitalismo, y es evidente que necesita regulación, no sólo para proteger derechos de propiedad intelectual sino también para defendernos de los abusos del poder político y del dinero.

A la hora de ponerse a legislar, el Gobierno, en vez de tratar de entender lo que es un nuevo modo de producción y distribución, se ha sacado una ley que es antigua porque razona conforme a un estadio del sistema económico que ya está siendo superado. Durante la fase anterior del capitalismo, la industria cultural ha funcionado a partir del esquema siguiente: un autor vende los derechos de su obra a un productor que después la venda a un distribuidor y este al consumidor, formándose en este proceso el precio del producto, del que las distintas partes se benefician. En la economía de la contribución este esquema está periclitado. Este es el punto de partida desde el que se deben plantear tanto las reformas legales como la reconversión de las industrias culturales, que viven una crisis característica de un momento de gran transformación de los medios de comunicación. El Gobierno ha preferido legislar como si nada hubiera cambiado. Y, por la presión de los que viven mal el cambio de modelo, se ha dejado las cautelas por el camino, convirtiendo, en la práctica, el cierre de una web en una decisión administrativa. Con lo cual ha permitido que hasta el PP se pudiera poner estupendo pidiendo más garantías judiciales.

Es evidente que hay que asegurar las formas de retribución de los creadores y de los productores, aunque también habrá que encontrar las fórmulas para que los herederos de un artista no vivan setenta años del cuento.

Pero los actores de la Red no están acostumbrados a las imposiciones y además tienen un don, el de la ubicuidad, que hasta ahora, aparte de Dios, sólo tenían las multinacionales, que les permite estar en varias partes a la vez y así esquivar los golpes. La regulación de la Red no puede ser un debate tan simple como el que algunos plantean: propiedad intelectual sí, propiedad no. Esta es la postura de los defensores del statu quo vigente, por un lado, y de los ilusos libertarios, por otro. Regular la Red, sin estropear lo mucho de bueno que tiene, es más complicado. Y desde luego el camino no es criminalizar a los niños y a los jóvenes que entran al mundo por esta ventana.

JOSEP RAMONEDA
Llegit a El País (26/12/2010)

9/12/2010 - 05:28h - laMalla.cat

Anàlisi de Santiago Carrillo sobre la crisi i les respostes polítiques

¿Hacia dónde vamos?

Estamos asistiendo a un espectáculo increíble, a una verdadera pesadilla: unos cuantos Gobiernos europeos elegidos democráticamente por sus pueblos que están mostrando una total impotencia, como acorralados por ese monstruo de cabeza y cuerpo opacos que denominamos enfáticamente los mercados y que en realidad no es otra cosa que el sistema financiero globalizado, precisamente el mismo que desencadenó la actual crisis mundial.

Después de Grecia, el sistema se está cebando en Irlanda. En este país, el Gobierno se resistió como gato panza arriba al plan de ajuste preparado por Bruselas. Pero en pocos días, acorralado, ha tenido que ceder "aceptando" el préstamo de 85.000 millones de euros que va a ir en su totalidad a las manos de los bancos irlandeses en quiebra y a través de estos va a llegar también a los bancos americanos, alemanes, ingleses, franceses y otros, asociados con aquellos. 85.000 millones dedicados a reforzar el sistema financiero global y que van a pagar con sangre y lágrimas los trabajadores y capas populares de Irlanda.

Ello implica en este país de cuatro millones de habitantes la rebaja del salario mínimo, las pensiones, los subsidios, el cese de 25.000 funcionarios públicos; en definitiva, una terrible agravación de la crisis económica y la prolongación sine díe de sus efectos.

Pero ahora la catástrofe amenaza al vecino Portugal. Y los profetas de mal augurio, hoy amenazan a otros países, entre ellos España, con situaciones parecidas. Han empezado por especulaciones con la deuda pública, que, por cierto, es inferior a la media de la deuda de los Estados europeos. A diferencia de muchos de estos, en España los mercados han encontrado la colaboración de una especie de quinta columna política, Rajoy y otros dirigentes del Partido Popular, que están dispuestos a provocar la ruina del país con tal de alcanzar el poder.

Hasta ahora el Gobierno español había tratado de reducir las consecuencias de las imposiciones de Bruselas, de contener el ajuste en ciertos límites. Pero la presión es cada vez más fuerte y el futuro inmediato más incierto.

En esta situación, la solidaridad europea parecería inspirada solamente por el interés de apoyar a los bancos. Está en marcha una política que, antes de soluciones a la crisis económica, se ocupa de la crisis del sistema financiero.

Desde los primeros momentos de la crisis, los Gobiernos de todos los países tomaron medidas para ayudar con grandes cantidades a los bancos desfallecientes por una gestión irresponsable y catastrófica del crédito, cuando no por escandalosos robos y malversaciones. El peligro de un posible pánico bancario les asustaba. Esto quizá aumentó la deuda pública de algunos Estados. Al mismo tiempo, ciertos líderes políticos expusieron dudas sobre el sistema financiero y hablaron de la necesidad de controlarlo; alguno habló incluso de refundar el capitalismo. Se comentó la necesidad de que la banca tributase como no lo había hecho antes.

Pero, pasados los primeros momentos, se diría que la banca ha vuelto a coger la sartén por el mango y ha conseguido que los poderes políticos mundiales decidan atender antes a la solución de la crisis financiera que a la de la crisis económica, que es la que genera el paro y la que daña más de cerca a las masas populares, puesto que afecta al sector básico industrial, agrario y comercial.
El sistema financiero se ha convertido en un fin en sí mismo: en él se adquieren fortunas colosales a base de especular con papel.

Ya no es un estimulante del sector productivo, puesto que sus integrantes han descubierto que es facilísimo enriquecerse especulando en Bolsa. En plena crisis hay grupos que siguen especulando y haciendo beneficios a costa de la estabilidad de los Estados y del empobrecimiento de los pueblos.

En lo que concierne a la Unión Europea, nos encontramos con que en lugar de proteger el modelo de Estado social de derecho, que contrastaba con el modelo de desarrollo norteamericano por su mayor carácter solidario y su orientación a una mayor igualdad, ahora parece decidirse por un cambio hacia el modelo que tiene su enseña en Wall Street. A eso nos llevan las características que han distinguido el camino seguido por la construcción europea, un camino dictado por los poderes financieros y por la carencia de procesos democráticos. No hemos conseguido crear una Europa de los pueblos, sino una Europa controlada por los poderes financieros.

Por este camino vamos a tardar en salir de la crisis, pero además vamos a poner en peligro el sistema democrático, el Estado de bienestar, la paz mundial, y marchamos hacia rupturas sociales muy serias.

SANTIAGO CARRILLO
. Exsecretari general del PCE i comentarista polític
Llegit a El País (09/12/2010)

5/12/2010 - 08:04h - laMalla.cat

Crisi dels controladors: editorials de premsa

Que els culpables paguin

Pels centenars de milers de persones que van quedar atrapades, pel sector aeri o turístic i per la imatge exterior d¿Espanya el perjudici causat per la salvatge protesta dels controladors d¿AENA no té perdó. Posar el nom de vaga al que va fer divendres al vespre aquest col·lectiu de privilegiats és un insult a més de 150 anys de lluites obreres i a la dignitat de la resta de treballadors i dels sindicats de classe.

La realitat és que el que hem viscut en aquest negre cap de setmana no ha estat una vaga a la manera habitual, sinó una cosa molt diferent; un motí del qual molts ciutadans de bé han sortit perjudicats. I és a partir de reconèixer aquest fet que s'han d'analitzar els comportaments polítics, les conseqüències econòmiques i les actuacions judicials derivades d'una protesta salvatge que no té una reivindicació laboral que la justifiqui i encara menys per part d'un col·lectiu que compta amb uns privilegis totalment injustificats i que ha aconseguit a base de fer xantatge a l'empresa i al ministeri corresponent utilitzant els ciutadans com a ostatges i la importància del sector turístic com a coartada.

El Govern de Zapatero i el ministre Blanco només són responsables d'haver plantat cara a un sector professional incapaç de racionalitzar les seves demandes i les seves condicions laborals per adaptar-les a la crisi econòmica actual i a la necessitat de millorar la competitivitat dels aeroports espanyols en un mercat turístic obert i global.

Coartada política
Després de l'acord de l'agost passat, ningú amb dos dits de front pot acusar l'Executiu de falta de capacitat negociadora. I els que l'han volgut criticar per haver aprovat divendres passat els decrets sobre el còmput anual de les hores laborals dels controladors i sobre les condicions de la seva militarització són els que simplement busquen una coartada política per donar suport a uns privilegiats.

Públicament, el PP -de la mà del seu portaveu Esteban González Pons- va tornar a demostrar ahir la seva barroeria posant primer els interessos de partit abans que la defensa de l'interès general del país. Però si es demostren les greus acusacions que va llançar el ministre Blanco, sobre una hipotètica connivència del PP i els controladors en l'organització d'aquesta protesta, llavors haurem passat directament a la deslleialtat institucional moguda per l'egoisme de voler recuperar el poder a base d'empitjorar les conseqüències d'una crisi econòmica global. Aquest pas del Rubicó no hauria de quedar impune si s'arriba a demostrar el que Blanco va insinuar ahir. En algun moment els populars hauran de recordar que un dia o altre ells tornaran a ser al govern i que pagaran les conseqüències d'haver ajudat a encarir el deute espanyol i d'haver col·laborat amb els controladors en el seu enfrontament per aconseguir unes reivindicacions extravagants.

Pols inacceptable
La gravetat del pols plantejat divendres pels controladors al Govern explica l'excepcionalitat de les mesures adoptades: la militarització del servei, primer, i la declaració de l'estat d'alarma previst per la Constitució en un Consell de Ministres extraordinari celebrat ahir. Un contundent paquet de mesures que finalment va obligar els controladors a tornar als seus llocs de treball amenaçats per l'acusació de sedició i desacatament a l'autoritat. Això va permetre començar ahir a recuperar una normalitat que trigarà dies a aconseguir-se.

Però l'efecte immediat de la mesura no hauria d'aturar l'actuació que va iniciar el mateix divendres la fiscalia contra els autors d'un delicte contra el trànsit aeri. La judicatura hi tindrà l'última paraula, però el ministeri públic i l'advocacia de l'Estat no haurien de desistir en aquest camí malgrat la remissió de la protesta. S'ha d'anar fins al final i trobar també la manera de compensar econòmicament els sectors directament afectats, especialment les companyies aèries i l'hostaleria. La salvatjada de divendres tindrà un impacte en un cap de setmana que mou algunes dècimes del PIB anual en uns àmbits que estan patint la crisi intensament i que estan entre els cridats a tirar endavant el país per superar la crisi.

EL PERIÓDICO. Editorial
Llegit a El Periódico de Catalunya (05/12/2010)

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Control aéreo bajo mando militar

Los controladores aéreos españoles han llevado su motín salvaje hasta las últimas consecuencias. El Gobierno se ha visto obligado a decretar el estado de alarma, una medida excepcional nunca adoptada en la España  democrática, para poder ordenar la militarización de los controladores y empezar a restablecer el tráfico aéreo sobre el territorio español. Esta fue la decisión que el Consejo de Ministros adoptó en la mañana de ayer, reunido en sesión de urgencia, y a media tarde los primeros aviones empezaron a operar en los aeropuertos españoles.

Sometidos a la disciplina militar, bajo el riesgo de severas penas de prisión en caso de desobediencia, la práctica mayoría de los controladores españoles volvieron ayer pasado el mediodía a sus puestos de trabajo y empezaron a desempeñar su labor a las órdenes de mandos militares. La orden del Gobierno prevé que la militarización de los controladores puede mantenerse, de acuerdo con la ley, durante quince días, en la confianza de que en este plazo de tiempo se reconduzca la actitud desafiante que han protagonizado con una huelga tan salvaje como ilegal. La prioridad, en cualquier caso, es que el control aéreo español se establezca plenamente y pueda ejercerse en todo momento con las máximas condiciones de seguridad.

La normalización de los vuelos, pese a la medida de emergencia que se ha adoptado, no será inmediata. Hasta dentro de 48 horas, como mínimo, no podrá restablecerse la totalidad de los vuelos. Pero, aunque ello se consiga, el daño ya está hecho. La acción de los controladores ha dejado en tierra, en este puente de la Constitución, a unas 600.000 personas, casi el triple de lo que se había estimado inicialmente, y ha ocasionado pérdidas enormes a las compañías aéreas y al sector del turismo. La imagen de España, asimismo, ha quedado seriamente deteriorada ante la opinión internacional, con las consecuencias de toda índole que ello puede tener. Y este enorme perjuicio para el conjunto del país ha sido provocado únicamente por la actuación irresponsable, intolerable y egoísta de un colectivo  de poco más de 2.400 personas que, paradójicamente, se encuentran entre los trabajadores mejor pagados aquí y en el resto de Europa. Realmente cuesta entender cómo esto ha llegado a ser posible y, sobre todo, cómo ha podido permitirse.

Históricamente, hasta la llegada de José Blanco al Ministerio de Fomento, todos los gobiernos, fueran del color de fueran, habían transigido con el chantaje constante del colectivo de controladores aéreos. La verdad es que habían acumulado un poder enorme, comohan demostrado estos días al paralizar por completo en pocas horas el tráfico aéreo español. Pero hasta aquí han llegado. El Gobierno de Zapatero, con la decisión excepcional de declarar el estado de alarma en el país, ha hecho valer el poder del Estado frente al chantaje que ese grupo de ciudadanos había planteado a la sociedad española. Habrá que exigirles, además, las responsabilidades económicas y penales correspondientes. Ahora, sin embargo, el reto es ver cómo se supera la actual situación de emergencia, ya que no parece sostenible mantener indefinidamente la militarización del control aéreo.

El ministro de Fomento, como máximo responsable del tráfico aéreo español, así como los gestores de la empresa pública Aena, responsables del servicio, tiene la obligación de estudiar y arbitrar con urgencia una solución al problema. El presidente de la compañía aérea Ryanair ha propuesto sustituir por nuevos profesionales a los controladores que no quieren trabajar o que plantean reivindicaciones económicamente insostenibles. ¿Por qué no se ha hecho cuando parece que es la mejor alternativa? Esta era, en cierta medida, la idea del ministro Blanco cuando anunció la privatización de las torres de control de los aeropuertos españoles y la puesta en marcha de planes de formación de nuevos equipos. Pero el problema nos ha estallado a todos en las manos antes de haberse encontrado una solución.

LA VANGUARDIA. Editorial
Llegit a La Vanguardia (05/12/2010)

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Atemptat contra l'estat de dret

L'actitud intransigent del col·lectiu de controladors aeris va superar ahir el llindar de tota lògica i legalitat i va convertir en ostatges desenes de milers de ciutadans que pretenien volar aprofitant el llarg pont de la Puríssima. És inadmissible que les reclamacions laborals d'un col·lectiu minoritari acabin generant una crisi d'aquesta magnitud, per molt lícites que puguin ser. Amb aquesta manca total de responsabilitat i respecte cap als ciutadans, els controladors aeris ahir van atemptar contra l'estat de dret i van perdre tota raó.

En cap cas l'estira-i-arronsa entre treballadors de les torres de control i l'Estat podia acabar amb aquesta vaga salvatge d'incidència inabastable. La cara de milers i milers de persones fent cua als vestíbuls dels principals aeroports sense saber si podrien volar és la imatge de la impotència. És incalculable el perjudici econòmic que va generar ahir el caos, i avui ja ens hem de preguntar qui l'assumirà i com. El col·lectiu de controladors gaudeix d'unes condicions laborals extraordinàries que encara justifiquen menys la seva actitud, sobretot en una situació de crisi com l'actual.

El govern espanyol va constituir ahir un gabinet de crisi per afrontar la situació sense cedir ni un mil·límetre al xantatge dels controladors. El govern es va veure obligat a tancar l'espai aeri, i finalment el president Rodríguez Zapatero va autoritzar l'exèrcit a ocupar les torres de control dels principals aeroports per obligar els vaguistes a deposar la seva actitud o directament fer-se càrrec del control aeri. Una mesura de força contra una altra mesura de força més pròpia d'un país tercermundista. En qualsevol negociació laboral, tibar la corda és una tàctica acceptable sempre que no atempti contra la llibertat individual. Quan aquesta negociació afecta un servei públic com és el transport aeri, hi ha en joc la llibertat col·lectiva, i això és totalment inacceptable en un estat de dret.

AVUI. Editorial
Llegit a Avui (05/12/2010)

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El Gobierno se impone

La huelga salvaje de los controladores aéreos durante 24 horas, resuelta con medidas tan urgentes como inéditas (militarización del servicio y estado de alarma), hace inexcusable para el Gobierno reformar un sector crucial para lograr su imprescindible estabilidad a largo plazo. No lo tiene fácil. La actitud irresponsable de los controladores al abandonar masivamente sus puestos de trabajo el primer día del puente más importante del año es una nítida señal de que el Ejecutivo se enfrenta a un colectivo correctamente calificado de insensato por el vicepresidente Rubalcaba, en el que difícilmente se puede seguir confiando para controlar el tráfico aéreo español.

La militarización y la movilización obligatoria ha sido la única medida capaz de torcer el brazo a un grupo endiosado de privilegiados que ha echado un pulso al Estado sobre las espaldas de cientos de miles de ciudadanos indefensos. Y que de paso ha causado un grave perjuicio al sector turístico, uno de los pocos que empezaba a emitir señales positivas en una crisis que mantiene en el paro a más de cuatro millones de personas, así como a la imagen y solvencia de España en el exterior. El incivismo y la inadmisible actitud de los controladores -poco más de 2.000 profesionales a los que sucesivos Gobiernos, empezando por los del PP, han permitido irresponsablemente acaparar más poder de lo saludable en cualquier sociedad desarrollada- cobra mayor gravedad precisamente en este deteriorado contexto económico.

El paulatino regreso a la normalidad iniciado ayer no debiera ser interpretado por los poderes públicos como el punto final de una situación que, pese a su gravedad, las cortas vacaciones del puente de la Constitución pueden hacer olvidar. En su perfil actual, este colectivo no es de fiar, como crudamente ha quedado demostrado. Las sanciones laborales y penales a las que se han expuesto los controladores deben ser aplicadas con rigor. Pero, además, se impone la reforma profunda y urgente de su oficio, ya esbozada en la ley que, en febrero pasado, fijó nuevas condiciones laborales y redujo sus desorbitados salarios.

La reforma de febrero devolvía la organización del trabajo a AENA (los controladores se la habían apropiado con Álvarez Cascos de ministro de Fomento), preveía la concurrencia de empresas privadas para el control aéreo y facilitaba la formación de nuevos controladores -350 con carácter inmediato, dijo entonces el ministro Blanco-. Solo un nuevo y urgente marco laboral será capaz de arrebatar a los 2.300 trabajadores del sector la capacidad de tomar como rehenes a centenares de miles de personas para hacer valer algunas de sus extravagantes reivindicaciones. Una capacidad que presumiblemente recuperarán si el Gobierno no corta por lo sano cuando, en 15 días, el servicio deje de estar militarizado.

Nueve meses después de aquella pregonada reforma poco se ha avanzado. Resulta posible discutir, como hace el PP, si el decreto que cuantificaba las obligaciones horarias de los controladores tenía que aprobarse el mismo día en que se iniciaba el largo y esperado puente de diciembre, o debía haberse hecho antes. Argumentos que en ningún caso justifican la virulencia de su portavoz, González Pons, al arremeter contra el único Gobierno que ha intentado hasta ahora organizar de manera razonable un sector tan crucial y con tal potencial para dañar los intereses colectivos. Una capacidad de intimidación adquirida en parte con la anuencia de Gobiernos del partido del señor Pons que prefirieron mirar hacia otro lado y eludir sus responsabilidades en este ámbito. El PP, una vez más, ha sido incapaz de renunciar a sus bajunas tácticas electoralistas mientras más de medio millón de personas permanecían atrapadas en los aeropuertos españoles.

EL PAÍS
. Editorial
Llegit a El País (05/12/2010)

2/12/2010 - 07:42h - laMalla.cat

Què ha de fer el PSC?

La debacle

De lo ocurrido en las elecciones catalanas, lo único realmente novedoso ha sido el hundimiento del PSC. CiU vuelve a la hegemonía en el parlamento catalán, como tantas veces. Esquerra Republicana sigue instalada en la inestabilidad permanente. El PP repunta cuando crecen sus opciones en España. Iniciativa conserva su nicho tradicional. Lo que no había ocurrido nunca es que el PSC bajara de los treinta diputados y del 20 por ciento de votos. ¿Qué va a pasar con el PSC?

La volatilidad del voto del PSC de las generales a las autonómicas es proverbial. Tan solo hace dos años obtuvo un millón seiscientos mil votos en las elecciones generales. Ahora no ha llegado a los seiscientos mil. La dirección del PSC se equivocaría si se escudara en estos datos para no hacer los cambios profundos que el partido necesita. No es una derrota, es una debacle. Un hundimiento, de estas dimensiones, de un gobierno saliente sólo tiene un precedente en la democracia española: el descalabro de UCD en 1982. El PSC ha de afrontar una crisis de identidad.

Montilla ha optado por la dignidad: no repetirá como primer secretario, ni seguirá como parlamentario. Con el tiempo, parece que tenían razón los que pensaban que el segundo tripartito fue un error estratégico. El primero era inevitable y deseable: la izquierda catalana no podía dejar pasar la oportunidad. El segundo, con el PSC y con Esquerra debilitados en votos y en liderazgo, puede haber sido un error de las dimensiones del que cometieron los socialistas en 1980, al rechazar la coalición que Pujol les propuso. Aquel error lo pagaron durante veintitrés años, ¿cuánto tiempo pagarán éste?

Tradicionalmente el statu quo catalán pasaba por la hegemonía autonómica convergente y la municipal socialista. Los resultados de ahora, auguran que, si no hay un gran revulsivo por el camino, en mayo la crisis del PSC puede ser definitiva. ¿Está en condiciones el PSC de hacer un congreso en enero que marque el rumbo ideológico y político del que carece? En las actuales circunstancias de crisis de la izquierda no es fácil y menos en un partido que había hecho del pragmatismo su bandera, creyendo que se podía gobernar sin palabras ni ideas. Y desde luego si la lectura que el PSC hace de su crisis es la que insinuó en la campaña electoral: que su error ha sido alejarse del españolismo y que hay que reforzar la alianza con el PSOE, entonces será difícil que la crisis del PSC no conduzca a una remodelación del espacio de izquierdas con la aparición de una opción socialdemócrata marcadamente catalanista. Basta un dato: el número de votos que pierde el PSC en las comarcas barcelonesas se corresponde casi matemáticamente con los que gana CiU en esta misma zona.

CiU se hace con la centralidad política en Cataluña, recibiendo más voto que nunca del centro izquierda. Artur Mas alcanza por fin la presidencia de la Generalitat, con una cómoda situación parlamentaria, pero una difícil situación ambiental: la crisis económica y la presión del soberanismo le obligarán a hacer filigranas para no defraudar al amplio electorado que le ha elegido. A los ínclitos mercados no les gusta el ruido identitario. La nueva CiU es diferente porque Cataluña también es distinta de hace siete años. Paradójicamente, CiU se ha adaptado mejor al nuevo escenario que los tres partidos que cambiaron las coordenadas del campo.

JOSEP RAMONEDA

Llegit a El País (30/11/2010)

19/11/2010 - 07:50h - laMalla.cat

Article de Barack Obama a la premsa europea

Europa y Estados Unidos, juntos por el futuro

Con la cumbre de la OTAN y la reunión entre Estados Unidos y la Unión Europea que se celebran esta semana en Lisboa, me enorgullezco de decir que son ya media docena de veces las que he visitado Europa desde que soy presidente. Este dato refleja una realidad constante de la política exterior estadounidense: la relación con nuestros aliados y socios europeos es la piedra angular de nuestra relación con el mundo y un catalizador de la cooperación mundial.

No hay ninguna otra región con la que Estados Unidos tenga una concurrencia semejante de valores, intereses, capacidades y objetivos. El comercio transatlántico, que representa la mayor relación económica del mundo, sostiene millones de puestos de trabajo en Estados Unidos y Europa y constituye la base de nuestros esfuerzos para facilitar la recuperación económica mundial.

La OTAN, en su calidad de alianza de naciones democráticas, garantiza nuestra defensa colectiva y contribuye al fortalecimiento de las democracias jóvenes. Europa y Estados Unidos colaboran para impedir la proliferación de las armas nucleares, promover la paz en Oriente Próximo y afrontar el cambio climático. Y, como se ha visto con la reciente alerta de seguridad en Europa y los planes desbaratados para hacer estallar explosivos en vuelos de carga transatlánticos, existe una estrecha cooperación diaria para prevenir atentados terroristas y mantener a nuestros ciudadanos sanos y salvos.

En otras palabras, Europa es el socio más cercano de Estados Unidos y viceversa. Ninguna de las dos partes puede afrontar los retos de nuestro tiempo sin contar con la otra. Por consiguiente, estas cumbres son una oportunidad para aumentar todavía más nuestra cooperación y para garantizar que la OTAN -la alianza más fructífera en la historia de la humanidad- siga siendo tan relevante en este siglo como en el anterior. Por eso nos hemos fijado un orden del día exhaustivo para Lisboa.

En primer lugar, en relación con Afganistán, podemos alinear nuestros esfuerzos para avanzar hacia el traspaso de poder a los afganos, al mismo tiempo que mantenemos nuestro compromiso con la población local.

La coalición dirigida por la OTAN en Afganistán está compuesta por 48 países, con aportaciones de los 28 aliados de la Alianza Atlántica y 40.000 tropas de países socios y aliados, cuyo servicio y cuyo sacrificio no olvidamos. Nuestro esfuerzo común es esencial para impedir que los terroristas tengan un refugio seguro, así como para mejorar las vidas de los afganos. Gracias a la llegada de fuerzas adicionales de la coalición en los dos últimos años, contamos por fin con la estrategia y los recursos necesarios para interrumpir el empuje de los talibanes, arrebatar a los insurgentes sus bastiones, entrenar a más fuerzas de seguridad afganas y ayudar al pueblo de Afganistán.

En Lisboa vamos a alinear nuestras estrategias para poder comenzar la transición a la asunción de responsabilidades por parte de los afganos a principios del próximo año y adoptar el objetivo del presidente Karzai de que las fuerzas afganas se encarguen de la seguridad en todo el país antes de finales de 2014.

Aunque la transición y la reducción de tropas de Estados Unidos comiencen en julio, la OTAN -igual que Estados Unidos- puede forjar una relación duradera de colaboración con Afganistán para dejar claro que, cuando ellos asuman esas responsabilidades, no estarán solos.

Mientras avanzamos en Afganistán, la propia OTAN se va a transformar en Lisboa, con un nuevo Concepto Estratégico que tiene en cuenta las aptitudes y a los socios que necesitamos para afrontar las nuevas amenazas del siglo XXI. Hay que empezar por reafirmar el elemento vital de esta Alianza: el compromiso plasmado en el Artículo 5 de que un ataque contra uno es un ataque contra todos.

Para que este sea un compromiso cargado de contenido, debemos reforzar todas las herramientas necesarias para proteger hoy a nuestra gente y prepararnos para las misiones del mañana.

Al tiempo que modernizamos nuestras fuerzas convencionales, debemos reformar las estructuras de mando de la Alianza para que sean más eficientes y más eficaces, invertir en las tecnologías que permitan que las fuerzas aliadas se desplieguen y cooperen con eficacia y desarrollar nuevos sistemas de defensa contra amenazas como los ataques cibernéticos.

Otra capacidad que debe tener la Alianza es la de defender el territorio de la OTAN contra los misiles balísticos, un peligro real y cada vez mayor. La Estrategia Adaptativa Escalonada de la defensa antimisiles europea que anuncié el año pasado ofrecerá un sistema fuerte y eficaz para defender el territorio europeo, a sus ciudadanos y a las fuerzas estadounidenses desplegadas en el continente.Además constituye la base para una mayor colaboración, porque otorga un papel a todos los aliados, protección a todos los aliados y la oportunidad de cooperar con Rusia, que también sufre la amenaza de los misiles balísticos.

Asimismo podemos trabajar con el fin de crear las condiciones para reducir los arsenales nucleares y avanzar hacia el objetivo que esbocé el año pasado en Praga: un mundo sin armas nucleares. Ahora bien, mientras esas armas existan, la OTAN debe seguir siendo una alianza nuclear, y he dicho claramente que Estados Unidos conservará un arsenal nuclear seguro, protegido y eficaz para disuadir a cualquier adversario y garantizar la defensa de nuestros aliados.

Por último, en Lisboa podremos seguir construyendo las relaciones con países ajenos a la OTAN que contribuyen a que nuestra alianza sea un pilar de la seguridad mundial. Debemos mantener la puerta abierta a las democracias europeas que cumplan los requisitos de pertenencia a la OTAN. Debemos aumentar la cooperación con organizaciones complementarias de la nuestra, como la Unión Europea, Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Y, con la presencia del presidente Dmitri Medvédev en la cumbre del Consejo OTAN-Rusia, podremos reanudar la cooperación práctica entre ambas partes para mutuo beneficio.

Porque, igual que Estados Unidos y Rusia han replanteado su relación desde cero, también pueden hacerlo la OTAN y Rusia. En Lisboa podremos dejar claro que, para la OTAN, Rusia es un socio, no un adversario.

Podemos incrementar nuestra cooperación a propósito de Afganistán, la lucha antidroga y los riesgos de seguridad del siglo XXI, desde la proliferación de las armas nucleares hasta la propagación del extremismo violento. Al incrementar la colaboración en materia de defensa antimisiles, podemos convertir lo que antes era una fuente de tensiones en una fuente de cooperación contra una amenaza común.

Desde hace más de 60 años, los europeos y los estadounidenses trabajan hombro con hombro porque nuestra colaboración favorece nuestros intereses y protege las libertades que tanto valoramos como sociedades democráticas. A medida que el mundo ha cambiado, también se ha transformado nuestra Alianza, y, como resultado, somos más fuertes, más prósperos y más seguros. Esa es nuestra tarea para Lisboa: revitalizar una vez más la Alianza y garantizar nuestra seguridad y nuestra prosperidad para muchos años.

BARACK OBAMA, president dels Estats Units d'Amèrica
Llegit a El País (19/11/2010)

4/11/2010 - 08:00h - laMalla.cat

Obama després del càstic electoral

Debilitado Obama

El resultado de las elecciones legislativas estadounidenses ha confirmado los pronósticos: el Partido Republicano se hace con el control absoluto de la Cámara de Representantes, mientras que los demócratas mantienen una ajustada mayoría en el Senado. El presidente Barack Obama ha sufrido un serio revés que no difiere, salvo en grado, del que hubieron de enfrentar predecesores como Clinton o Reagan; está dentro de la tradición de Estados Unidos que las elecciones de mitad de mandato sean la ocasión para que los ciudadanos expresen su malestar.

Pero en el caso de Obama llama la atención la rapidez con que se ha producido su desgaste político. Sin duda, ha sido víctima de la terrible crisis económica iniciada antes de su llegada a la Casa Blanca. A ello se ha unido un estilo de gobierno en el que algunas de las reformas emprendidas, imprescindibles para afrontar la crisis y evitar en lo posible recaídas futuras, se han interpretado por amplios sectores ciudadanos como indiferencia hacia sus problemas más inmediatos, entre los que el paro -casi el 10%- ocupa el primer lugar. El vapuleado presidente parece haber tomado nota de los puntos débiles y de la frustración de sus compatriotas, a juzgar por su comparecencia de ayer. Obama reconoce que falta eficacia en la lucha contra el paro y se muestra dispuesto a escuchar nuevas ideas y buscar terrenos comunes con los republicanos, también a propósito de su controvertida reforma sanitaria.

Un factor nuevo que ha contribuido al apagón presidencial ha sido el fenómeno del Tea Party, configurado a partir de la derrota republicana en las elecciones de 2008 y articulado sobre una figura hasta entonces marginal como Sarah Palin. Más allá de la victoria de ese movimiento en algunas circunscripciones, su creciente relevancia radica en su demostrada capacidad para radicalizar la agenda política, apoyándose en medios de comunicación afines. Desde la irrupción del Tea Party, Obama se ha visto forzado a abandonar sus iniciales intentos de adoptar iniciativas bipartidistas. El Partido Republicano, por su parte, se ha resignado a seguir la estela de los ultraconservadores.

Los resultados de este martes de noviembre, con una Cámara de Representantes bajo absoluto control opositor, hacen prever una parálisis legislativa que podría marcar el final del periodo reformista de Obama. Falta por ver sus efectos sobre la política exterior, aunque las perspectivas no son esperanzadoras. Las estrategias adoptadas por la Casa Blanca en los asuntos más espinosos heredados de Bush son difíciles de desarrollar sin un consenso interno. El pragmatismo recuperado por Barack Obama podría dejar paso de nuevo a una política exterior fuertemente ideologizada.

El presidente de EE UU dispone de tiempo para reaccionar y aspirar con posibilidades a la reelección, en dos años. Lo que no es seguro, en cambio, es que disponga de suficiente margen político.

EL PAÍS. Editorial
Llegit a El País (04/11/2010)

25/10/2010 - 07:30h - laMalla.cat

Sobre el paper d'ERC al tripartit

Esquerra y la cultura de gobierno

La tajante desautorización del consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, por el presidente José Montilla a propósito de la campaña de agitación independentista de los referendos -a la que el primero pretendía aportar urnas oficiales- es solo el penúltimo botón de muestra de la permanente confusión exhibida por los republicanos desde 2003 entre sus objetivos partidistas y los de la coalición de gobierno de la que forman parte.

Esta confusión ha sido un desastre para el tripartito de las izquierdas, porque ha tendido a diluir el programa pactado por los aliados, y en gran medida aplicado, en la nube de las ensoñaciones del independentismo, para el que todo lo que haga un Gobierno sabe siempre a poco o a nada mientras no sea la proclamación del Estado catalán desde un balcón de la plaza de Sant Jaume.

Lo más llamativo del caso es, no obstante, que la dirección de ERC no parece ser en absoluto consciente de que el daño infligido a la coalición por esta deriva no se traduce en absoluto en beneficio alguno para el propio partido. Todo lo contrario. Es un caso de manual de lo perniciosa que puede llegar a ser la debilidad de la dirección ante aquellos que se erigen, en ella o ante ella, en depositarios de las esencias, guardianes del purismo y adalides del programa máximo siempre dispuestos a quemar etapas en pos de un futuro cuya brillantez desluce cualquier eventual logro del presente.

No es retórica. El entonces secretario general de ERC, Joan Puigcercós, abandonó por voluntad propia el Gobierno de la Generalitat en marzo de 2008 con la excusa de que la dirección del partido requería un atención que no le podía prestar siendo consejero de Gobernación. Un año después, sin embargo, se produjo en ERC la escisión del sector del partido encabezada por Joan Carretero, el mismo que en la legislatura anterior había empujado con éxito a ERC a rechazar la reforma del Estatuto en aras de la pureza independentista, en contra del criterio inicial de Josep Lluís Carod Rovira y Joan Puigcercós.

Con aquella escisión pareció que el partido se desprendía del radicalismo. Pero resultó que no era así. Los republicanos vivieron inmediatamente después la no menos traumática guerra interna encabezada por el propio Puigcercós, con el apoyo de la plataforma radical creada por el ex dirigente de las juventudes Uriel Bertran, para descabalgar a Carod como líder del partido. Carod era su presidente y principal figura política e institucional, pero en aquella batalla se le presentaba como máximo exponente del sector moderado. La operación consolidó a Puigcercós al frente de ERC y le allanó el camino para convertirse en su cabeza de cartel para las próximas elecciones al Parlament, las del 28 de noviembre. No como un moderado, claro. Uriel Bertran, su fiel aliado interno, se lanzó junto con una serie de grupos radicales ajenos al partido, e incluso con la indirecta intervención de un ala de Convergència Democràtica, a una campaña de agitación consistente en organizar votaciones populares sobre la independencia de Cataluña. Simple desestabilización antiautonomista que contribuye a menoscabar al Gobierno y su acción.

Esta campaña se ha convertido, en la práctica, en el vivero en el que han crecido los afiliados de los nuevos partidos creados por Carretero y por el ex presidente del FC Barcelona Joan Laporta. Con ellos se ha ido tambien Uriel Bertran y la plataforma que había creado en ERC. Entre todos amenazan con arrebatarle a Puigcercós una parte de su electorado.

El balance provisional de todo este proceso de ERC no es nada halagüeño. La incapacidad para resistir a la presión radical que no cesa de gritar "¡independencia, independencia!" ha impedido a Esquerra lograr uno de sus principales objetivos de 2003: pasar de partido de reivindicación y agitación a fuerza de gobierno, adquirir el perfil de socio fiable, constructivo, capaz de gestionar la Administración aun a costa de sacrificios partidistas.

En suma, todo lo contrario a prestar urnas oficiales para la agitación política.

ENRIC COMPANY. Periodista
Llegit a El País (19/10/2010)

8/10/2010 - 09:06h - laMalla.cat

És antisistema saquejar botigues de roba de marca i de mòbils?

Mustia rosa de fuego

A raíz de las algaradas callejeras que el centro de Barcelona sufrió durante la jornada de huelga del 29 de septiembre, algún observador con ínfulas de enfant terrible ha querido legitimar esos desórdenes apelando a la alta tasa de paro (el 40%) que castiga a los jóvenes, y hasta ha tratado de ennoblecer los incendios, saqueos y destrozos de la pasada semana entroncándolos con la tradición revolucionaria de la capital catalana, aquella mítica rosa de fuego en la que levantar barricadas y quemar iglesias eran expresiones ordinarias del malestar social. Vamos, que los vándalos del 29-S serían los herederos más o menos legítimos del obrerismo sindicalista, anarquista o radical de hace un siglo.

Bien, vayamos por partes. En esa Barcelona de las bombas y las huelgas generales de finales del XIX y principios del XX, el proletariado industrial -y especialmente el femenino- trabajaba en las fábricas 12 o 14 horas diarias, seis días a la semana, desde los ocho o nueve años de edad, en unas condiciones higiénicas pésimas y a cambio de unos salarios que explican por qué determinada fábrica textil de Sant Martí (Can Recolons) era conocida como Can Pa Sec, o por qué a las obreras de otra empresa del ramo, en el Poblenou, se las llamaba les xinxes del Cànem. Eso, por no hablar del paro cíclico, de las listas negras o pacte de la fam para castigar a los obreros díscolos, de las enfermedades infecciosas que asolaban los barrios pobres de la ciudad hasta niveles dignos de Calcuta.

¿Qué tiene eso que ver con la abigarrada coalición de perroflautas, pequeños delincuentes, místicos de la violencia y estudiantes erasmus en busca de emociones fuertes que sembraron el caos en Barcelona el otro miércoles? ¿De qué brutal explotación capitalista pueden protestar, si la inmensa mayoría de ellos no ha trabajado nunca y vive de la sopa boba o del trapicheo? Por mucho que -según explicaba este diario el lunes- la CGT los jalee y aplauda, ¿cómo van a constituir un factor revolucionario elementos que, en la terminología marxista clásica, no cabría calificar más que de lumpenproletariado?

Cuando Barcelona era la rosa de fuego y después, quienes se enfrentaban al sistema, no digamos quienes pretendían destruirlo, arrostraban de frente las consecuencias de su lucha, y estas no eran baladíes: detenciones, torturas, condenas, deportaciones, ejecuciones legales (Montjuïc, 1897) y también extrajudiciales (la tristemente célebre ley de fugas). Nuestros presuntos antisistema actuales, en cambio, denuncian brutalidad policial apenas los mossos desenfundan las porras, lloriquean escandalizados al descubrir que "las autoridades nos golpean y nos meten en prisión" (sic) y, pese a ello, rebañan todos los recovecos del sistema judicial -tan garantista él- para tratar de eludir los efectos penales de sus hazañas. Con independencia del juicio histórico que puedan merecer, no me imagino a los activistas de la CNT-FAI de los años treinta, llevados ante el juez después de una huelga violenta o de un tiroteo, explicándole que ellos eran solo pacíficos viandantes y que su detención se debía a una confusión de la policía. También en la cultura revolucionaria de entonces existía el concepto de ejemplaridad...

Sí, por supuesto que los actuales niveles de paro entre nosotros constituyen un drama lacerante y un cáncer social, aunque aliviado por subsidios, asistencias y -sobre todo, en el caso de los jóvenes- por las redes de seguridad familiares. Pero no nos confundamos: nada permite pensar que los alborotadores del día de la huelga fuesen padres desesperados salidos de hogares hambrientos. De serlo, seguramente habrían ido a saquear un supermercado de alimentación y no, como ocurrió, tiendas de ropa de marca y de telefonía móvil.
En fin, que Buenaventura Durruti debe de haberse removido en su tumba de Montjuïc, al oír que le querían emparentar con los encapuchados ladrones de pantalones vaqueros del 29-S.

JOAN B. CULLA I CLARÀ. Historiador

Llegit a El País (08-10-2010)

29/9/2010 - 08:04h - laMalla.cat

Editorial d'El Pais sobre el 29-S

España ante la huelga
Por muchas razones, la huelga general de mañana se ha convertido no solo en una prueba de estabilidad para el Gobierno, sino también de la responsabilidad democrática de los sindicatos. De entrada, se trata de un conflicto político que promueve un enfrentamiento entre la voluntad del Congreso (la reforma laboral, motivo principal de la huelga, está aprobada en la Cámara baja) y la interpretación de las organizaciones sindicales, que imputan a la reforma, no sin argumentos, una pérdida de derechos de los trabajadores. Supuesto el derecho sindical a convocar una huelga (lo que no está en discusión en ningún caso), se plantea siempre en estos lances una disyuntiva no menor: el conflicto entre la voluntad de los representantes de la nación y una movilización instada por una parte de la sociedad, importante, pero siempre menor que el conjunto.

Si la convocatoria (y la lectura que posteriormente se realice de sus resultados) se orienta hacia objetivos generales, más allá de la reforma laboral, como el viraje de la política económica del Gobierno, entonces el asunto se complica. El Gobierno está obligado a mantener su plan de ajuste presupuestario por una razón tan sencilla como dolorosa (especialmente para un Ejecutivo socialista): los recursos públicos son insuficientes para hacer frente a las necesidades de gasto del actual Estado de bienestar, al menos mientras dure la recesión. Una parte importante de esos recursos procede de la financiación exterior y los prestamistas ya no están dispuestos a financiar sin condiciones el gasto público español. No haber tomado medidas de ajuste tras la debacle griega hubiese condenado a este país, y por ende al conjunto de sus trabajadores, a muchos años de profunda recesión. Rectificar o anular ahora esos ajustes comportaría un riesgo similar.

Esa es la razón última por la que el Gobierno no puede ni debe volverse atrás en su política económica, aunque algunos asuntos sean, por supuesto, discutibles, y por tanto objeto de negociación y discusión. También con los sindicatos. El Ejecutivo ha mostrado su disposición a negociar los reglamentos de la reforma laboral y el futuro de las pensiones, aunque en el clima actual de enfrentamiento no cabe sorprenderse de la fría acogida a su oferta.

Con razón o sin ella, una huelga general en las actuales condiciones de crisis supone un problema grave. El Gobierno cuenta con la baza de que los ciudadanos no parecen estar por la huelga. Los sindicatos tienen a su favor el malestar general con la política económica de Zapatero. En pocas ocasiones se ha producido, según muestran todos los sondeos, una brecha tan grande entre la percepción de la ciudadanía de que la gravedad de la situación sí justifica una huelga y su convencimiento de que, sopesados todos los factores, lo más sensato es no realizarla.

De ahí que la huelga de mañana sea una encrucijada para el futuro inmediato de España. En caso de éxito no debería servir para variar la política económica actual -y convendría no olvidar aquí que la alternativa política real a este Gobierno es un partido poco inclinado a compartir las tesis sindicales-. De cosechar la huelga escaso seguimiento, debería al menos servir para que los sindicatos se replanteasen la inercia que les ha llevado a concentrar su esfuerzo en la defensa del empleo fijo, esto es, de un mercado dual con contratos fijos e indemnizaciones elevadas que condena a la exclusión a la generación más joven. Para ello, resulta imperativo evitar nuevos distanciamientos de la ciudadanía y no fiar el éxito de la huelga a la violencia de los piquetes o al incumplimiento de los servicios mínimos. Si caen en la tentación de parar una ciudad por la fuerza, bloqueando metro o autobuses, los ciudadanos les pasarán factura. Y eso no redundará en beneficio de nadie. Ni de los sindicatos, ni del país en su conjunto.

EL PAÍS. Editorial
Llegit a El País (29/09/2010)